Este 15 de Marzo, y con más fuerza que nunca, defenderemos SIN DERECHOS NO TENEMOS FUTURO, NO AL CIERRE DE LA OMIC
El 15 de Marzo es la fecha en la que todos los ciudadanos conmemoramos la aprobación de leyes que reconocen nuestros derechos como consumidores y usuarios. Desde que un 15 de marzo de 1962, en Norteamérica el presidente Kennedy reconocía en un discurso la indefensión de la ciudadanía en asuntos relacionados con el ámbito del consumo, se han promulgado muchas leyes y concretamente en nuestro país la Constitución Española de 1978 establece en su artículo 51 que los podres públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios … También la Carta Magna recoge en los artículos 137 y 140 “el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses” y “la Constitución garantiza la autonomía de los municipios”.
Con el paso de los años, la normativa autonómica, estatal y europea nos ha ido garantizando la protección de los derechos y los legítimos intereses de los consumidores y usuarios y también se legislaba para dar cumplimiento al mandado constitucional mencionado anteriormente, así el artículo 6 del Estatuto del Consumidor de Castilla La Mancha determina “Corresponde a las Corporaciones locales de Castilla La Mancha promover y desarrollar la protección y defensa de los consumidores …”, “En concreto, las Administraciones locales ejercerán las siguientes competencias: a) La información y educación de los consumidores y usuarios y el establecimiento de oficinas y servicios de información al consumidor”… Con todo ello se pretendía que los ayuntamientos, como administración más cercana a los ciudadanos, prestaran los servicios de protección a consumidores y usuarios, exigiendo el cumplimiento de la legislación en defensa de los derechos en el terreno del consumo.
Con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que entró en vigor el 31 de diciembre de 2013, todo ello se ha modificado. Se ha modificado la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y dentro de las modificaciones que se han producido una de las más importantes es la que afecta al propio régimen competencial de las Entidades Locales. El artículo 25 enumera un listado de materias que definen las competencias que deben ser desarrolladas por los ayuntamientos como propias, diferenciándolas de aquellas competencias estatales y autonómicas. En dicho listado se suprime la referencia expresa a la “defensa de usuarios y consumidores” como competencia propia de los municipios. Esto ha generado enormes dudas e incertidumbres a las entidades locales sobre la continuación en el ejercicio de competencias en materia de consumo, con las consecuencias que su supresión tendría para los derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias así como de las propias personas trabajadoras en dichos servicios municipales.
En aplicación de esta nueva Ley que se fundamenta en “una administración, una competencia” para evitar solapamientos, se limita y establece qué servicios corresponden al municipio y cuáles no, y por ello nuestro Ayuntamiento no podría prestar la información y defensa de consumidores y usuarios a través de la OMIC, oficina que se creó en nuestro municipio en 1987. Los ibañeses podrían tener el servicio de información al consumidor si la comunidad Autónoma delega dicha función, para lo cual debe asumir el 100% del coste del servicio u ofrecerlo con el personal de la Junta o con las asociaciones, de manera presencial alguna vez en semana (cosa que es técnicamente imposible) o vía asesoramiento telefónico.
Ante estas circunstancias y ahora más que nunca, este 15 de marzo tenemos que reivindicar nuestros derechos: derechos sobre la publicidad engañosa, sobre una información clara y veraz en los contratos, derechos sobre los bienes adquiridos…, pero también el derecho a que los ayuntamientos, con plena autonomía de obrar, presten, como administración más cercana a los ciudadanos, los servicios básicos, y entre ellos la defensa al consumidor.
Por ello, SIN DERECHOS NO TENEMOS FUTURO. NO AL CIERRE DE LA OMIC